martes 4 octubre, 2022

“LAS CRISIS ECONÓMICAS TIENEN UN IMPACTO DESIGUAL SOBRE LAS MUJERES”

La deuda externa, la crisis producida por la pandemia y los problemas estructurales incrementan las desigualdades: las mujeres y las diversidades conforman parte de la población más afectada por el aumento del desempleo, la inflación, la pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados. Fixiones habló con Amy Paladín y Rocío Miranda integrantes del Observatorio de Géneros y Diversidad del Centro de Economía Política (CEPA). 

Por Mercedes Larosa | Fotos: Melisa Molina y gentileza UPCN

 

El informe denominado “El 8M en perspectiva económica. A dos años de la pandemia y con la igualdad como meta”, elaborado por el Observatorio de Géneros y Diversidad del Centro de Economía Política (CEPA), evidencia las profundas desigualdades en el acceso al mercado laboral, los ingresos percibidos y el impacto de la política económica en su conjunto hacia las mujeres y diversidades en Argentina. Rocio Miranda, integrante del equipo de trabajo que realizó el informe, detalla en diálogo con Fixiones que el objetivo del trabajo es “poder mostrar, democratizar y socializar con datos reales las desigualdades de género que sufrimos las mujeres y las diversidades en nuestro país”.

Mundialmente, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo continúa siendo notoriamente menor que la de los hombres. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013, la relación entre hombres con empleo y población se ubicó en un 72,2 por ciento, mientras que esa relación entre las mujeres fue del 47,1 por ciento. A esto se le suma que las mujeres ganan menos que los hombres. En la mayoría de los países, ellas en promedio obtienen sólo entre el 60 y el 75 por ciento del salario de los hombres. Esto se explica gracias a que las mujeres se desempeñan como trabajadoras asalariadas, en trabajos familiares no remunerados, tienen más probabilidades de dedicarse a actividades de baja productividad y a trabajar en el sector informal y con menores probabilidades de movilidad al sector formal. A su vez, continúa prevaleciendo la dependencia económica de las mujeres y la probabilidad de que se desenvuelven en sectores no organizados y sin representación sindical.

El informe elaborado por el CEPA analiza cómo el mercado laboral es el escenario donde se producen las principales desigualdades e inequidades que enfrentan las mujeres en relación a los varones. Amy Paladín, otra integrante del equipo de trabajo que desarrolló el informe, resalta que “las crisis económicas tienen un impacto desigual sobre las mujeres con respecto a los varones a raíz de las desigualdades estructurales subyacentes de la economía”. A su vez, describe:  “la tasa de desocupación general del mercado de trabajo continúa siendo muy preocupante con un 8,2 por ciento al tercer trimestre del 2021. Sin embargo, este ha sido el nivel más bajo para un tercer trimestre de los últimos cinco años y se ubica 1,5 puntos porcentuales por debajo a los niveles pre pandemia (respecto al tercer trimestre de 2019)”. 

En este sentido, en el año 2021, luego de la peor caída económica desde el año 2001, los niveles de desocupación de ambos géneros son menores que en 2019. Sin embargo, continúa siendo más alta para las mujeres (9 por ciento contra 7,7). A su vez, los jóvenes son los más afectados por la falta de trabajo: la tasa de desocupación en las mujeres entre 14 y 29 años fue del 23,1 por ciento y de 19,8 por ciento para los varones del mismo rango etáreo, en ambos casos significativamente por encima del nivel general de desocupación.

Por otro lado, el informe señala que de acuerdo a la Encuesta de Uso del Tiempo del INDEC (2013), las mujeres dedican 3 horas diarias más que los varones a los trabajos de cuidado no remunerado (cuidado de niños, niñas, personas mayores, limpieza, cocina, etc.). La desigual distribución de los trabajos de cuidado no remunerado implica que las mujeres dispongan de menos horas que prestar en el mercado de trabajo remunerado. Esta situación se evidencia al analizar las tasas de actividad: la tasa de actividad femenina al tercer trimestre de 2021 ascendió al 50,4 por ciento, mientras que la de los hombres se ubicó en 69 por ciento, sosteniendo una diferencia de casi 20 puntos porcentuales. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Argentina, casi tres millones de mujeres trabajan en los sectores del cuidado. De ese total, 9 de cada 10, realizan estas tareas sin remuneración y dedican el doble de tiempo que los varones. En este sentido, para lograr la igualdad de género es preciso promover una agenda de cuidados que reduzca la responsabilidad que recae en las mujeres, dificulta su acceso al mercado de trabajo productivo, sobrecarga su jornada laboral y reproduce estereotipos que limitan sus derechos y oportunidades en otros ámbitos.

Recuperación y acceso al empleo

La OIT realizó una comparación con la crisis de empleo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. La misma se quedó corta porque la pandemia COVID-19 superó todos los pronósticos y arrasó con más de 25 millones de puestos. En Argentina, el Decreto anti-despidos 886/2021 prohibía los despidos sin justificación y establecía doble indemnización. Esto ayudó a sostener la situación laboral y a evitar  una masacre en los empleos. Sin embargo, hay un problema estructural que es la alta tasa de informalidad laboral, algo que se observa no solo en nuestro país, sino que es un fenómeno regional. En 2018, la OIT registró un 53,1 por ciento de trabajadores de América Latina y el Caribe que se encontraban en esa condición en 2016, situación que se estima se agravó frente a los impactos de la pandemia.

Si bien, según los datos del informe, en el tercer trimestre de 2021, el Producto Bruto Interno (PBI) anotó un crecimiento de 4,1 por ciento con respecto al trimestre anterior y de 11,9 por ciento interanual, la pregunta que surge es a qué tipo de empleos acceden las mujeres y cuáles son las variaciones que afectan a la informalidad laboral. Paladino explica que la recuperación del empleo registrado y del trabajo informal impactó de forma heterogénea según el género. En el caso de los varones, la tasa de informalidad se recortó con respecto a niveles pre pandemia (30,6 por ciento en el tercer trimestre de 2021 contra 34,2 por ciento en el mismo periodo de 2019). En las mujeres, este indicador volvió al mismo punto que en 2019, al registrarse un 36 por ciento de informalidad, es decir que no solamente se sostuvo el nivel de informalidad, sino que se profundizó el diferencial entre la informalidad de varones y mujeres, ascendiendo de 1,8 puntos a 5,4 puntos.

Las mujeres se enfrentan con “paredes de cristal”: participan más en los sectores menos dinámicos y peor remunerados de la economía. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2018, 6 de cada 10 mujeres trabajan en el servicio doméstico, comercio, educación y salud, mientras 6 de cada 10 varones lo hace en el comercio, la construcción, la industria y en actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler. Esta segregación tiene implicancias para la brecha salarial: en los cuatro sectores más masculinizados, el salario promedio es 58 por ciento mayor que en el caso de los cuatro feminizados ($21.084 contra $13.384) (EPH, 1t 2018).

La gestión política con perspectiva de género

Las políticas públicas son una de las principales herramientas estratégicas para abordar y reducir las desigualdades y brechas presentes en la sociedad. A su vez, en un contexto de crisis económica y de una pandemia, el rol del Estado fue fundamental para amortiguar las consecuencias desiguales que generan en los sectores más vulnerables. En este sentido, el informe sistematiza y agrupa algunas de las políticas, programas y medidas que se han llevado a cabo durante los últimos dos años de gestión y que tienden a fortalecer a las mujeres y diversidades. 

En este sentido, Rocio Miranda resaltó que en el análisis de la gestión política “una diferencia fundamental es la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades a partir del 10 de diciembre de 2019”. “Realizamos un relevamiento de las políticas públicas que tendían a fortalecer la autonomía económica de las mujeres como el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, el Programa Acompañar que establece un apoyo económico dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género, la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la administración pública para ir construyendo un cambio cultural que necesitamos todas, todos y todes”. Continuó señalando políticas tendientes a reducir las brechas de los ingresos: “tenemos que pensar en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) donde la mayoría de las beneficiarias fueron mujeres y la Tarjeta Alimentar que completa y refuerza la Asignación Universal por Hijo.”

 

Próximos desafíos

Los próximos desafíos enfrentan numerosos obstáculos y para poder encontrar una solución integral hay que abarcar los problemas del empleo y la igualdad de oportunidades desde diversas aristas. Pensar políticas económicas, de acompañamiento, de presupuesto y de garantía de acceso, como así también políticas educativas. Los vertiginosos cambios tecnológicos están transformando los trabajos del futuro, su incidencia sobre el empleo, la igualdad de género y el crecimiento económico. Las brechas de género existentes en el mercado laboral se podrían profundizar si no se cuenta con políticas adecuadas y una transformación educativa que permitan anticiparse a los efectos que las nuevas tecnologías traerán consigo.

En relación a las acciones futuras, Miranda señala que “con estos números sobre la mesa, tenemos como próximo desafío tener Presupuestos con Perspectiva de Género, que son una de las herramientas fundamentales para pensar que las brechas se cierran con partidas presupuestarias orientadas a tal fin. Esta necesidad se acrecienta luego de haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya nos pone techos en ciertas partidas presupuestarias”. Por otro lado, menciona la necesidad de continuar trabajando por una Ley Nacional de Cuidados para lograr la transversalidad de los feminismos.

Noticias relacionadas