domingo 14 abril, 2024

"CUANDO SE DETERIORA EL AMBIENTE, TODOS PERDEMOS"

El jueves pasado la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación rechazó el DNU. Sin embargo, el mismo se mantendrá vigente si no recibe también un rechazo por parte de la Cámara de Diputados. En esta nota, Fixiones analiza los aspectos dentro del DNU –y en otras iniciativas del gobierno de Javier Milei– que perjudican al medioambiente, o lo perjudicarían en caso de implementarse.

 

Por Carla Effenberger y Malena Costamagna Demare | Fotos: Cortesía de los entrevistados y Greenpeace.

 

¿Cuál es la relación entre la legislación y el medioambiente? Con apenas tres meses de gobierno, el presidente Javier Milei presentó un “mega” Decreto de Necesidad y Urgencia que deroga o modifica más de 300 leyes -y que sigue vigente porque aún no fue rechazado por diputados-, y también intentó avanzar con la Ley Bases, que fue rechazada en la Cámara de Diputados, pero con la que Milei volverá a insistir y presentará en el período de sesiones ordinarias. Ambas decisiones mostraron a las claras el desprecio que el gobierno tiene, entre otros aspectos, por la protección y el cuidado del medioambiente. Fixiones conversó con los especialistas ambientales Emiliano Ezcurra y Francisco Pardo Lambreabe para alumbrar los aspectos del DNU y de la ley Bases vinculados a la temática.

 

Los principales aspectos en contra del cuidado ambiental

“Cuando se deteriora el ambiente, todos perdemos”, dice de forma rotunda el director ejecutivo de Banco de Bosques, consultor de Greenpeace y ex Vicepresidente de Administración de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra. La pregunta que queda abierta es por qué. Francisco Pardo Lambreade, abogado ambientalista, enumera los cuatro puntos principales que desde su perspectiva afectan a la “casa común”.

 

1. Derogación de la Ley de Tierras Rurales

“Desde que Colón llegó a América hasta hoy, extranjeros extraen la riqueza de nuestro suelo y la llevan a otro país”, esgrime Lambreabe. Aquel territorio que nos es común a todos los argentinos y argentinas antes tenía un límite de propiedad para quienes no hayan nacido en este suelo. Solamente un treinta por ciento podía estar en manos extranjeras y solo mil hectáreas por persona. Esta modificación, dice el abogado ambientalista, solo habilita a la profundización de esa modalidad y supone un conflicto dado que los intereses extranjeros “probablemente son opuestos a los del pueblo argentino”. En especial cuando estos tienen la “libertad” de explotar la naturaleza con pocas o nulas limitaciones legislativas. 

 

2. Derogación de Ley 24.523 Sistema Nacional de Comercio Minero y Ley 24.695 de creación del Banco Nacional de Información Minera

Pardo Lambreade explica que para un sector ya desregulado, esta modificación amplía los márgenes de discrecionalidad que tienen las corporaciones a la hora de llevar adelante sus proyectos, y limita el control que puede llevarse tanto del Estado como desde la sociedad que se sirve de esa información. La explotación minera en Argentina es llevada a cabo exclusivamente por capitales extranjeros, con Canadá y China en la cabeza, sin embargo, producto de una ley sancionada durante el menemismo, las empresas deben pagarle al Estado solamente el tres por ciento de las regalías en función de lo explotado. Esa cifra sale de una declaración jurada que, además, prácticamente no tiene controles.

 



Francisco Pardo Lambreabe, abogado ambientalista. 

 

3. Derogación de la Ley de Promoción Industrial

“Es bien sabido que, ante la desindustrialización de un país, la posibilidad de obtención de divisas a través de los mal llamados recursos naturales aparece como única alternativa”, enfatiza Pardo Lambreabe. Esta derogación profundiza indirectamente el modelo de economía primarizada en detrimento del medioambiente.



4. Derogación del Fondo de Generación Distribuida para Energías Renovables

En 2018 el gobierno de Mauricio Macri creó un Fondo que impulsaba las inversiones privadas para las energías renovables mediante un incentivo a los proyectos de esta producción. Además, si se producía un excedente de energía renovable que no era utilizado por los usuarios, el sobrante era reinsertado a la red general de energía, aminorando la saturación y distribución energética general. 

 

Sumado a las medidas del DNU, Ezcurra llama la atención sobre la Ley Ómnibus, a los que otros, como la diputada Julia Estrada (UxP) prefieren llamar “Ley Argentina en Venta”. Ezcurra y múltiples organizaciones ambientales, apuntan contra aspectos que significan un “retroceso en materia de legislación ambiental” y enumera los aspectos relacionados al desfinanciamiento y desregulación de las leyes bosques, glaciares, la Ley de quemas -que establece autorizaciones tácitas, dado que si en los 90 días que el Estado tiene para autorizar una quema (antes 30), este no se promulga, la entidad emisora queda autorizada para la quema-, entre otras. 

 

La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas expresó que “las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales”. Aunque la Ley Ómnibus fracasó en su tratamiento inicial, el gobierno volvería a insistir con estos temas.

El error ontológico de entender el medioambiente como un recurso

“Los recursos naturales si no se explotan, no son recursos. No tiene valor económico alguno para el país”, dijo el diputado José Luis Espert (LLA) durante el debate de la Ley Ómnibus. Tanto Ezcurra como Pardo Lambreabe difieren. Este último dice convencido: “Nada de la naturaleza –se pueda o no explotar– es un recurso”. Su explicación recuerda las reflexiones de Pierre Dardot en su conferencia “Cosmopolítica de los comunes”. Ambos explican que la naturaleza está integrada por bienes que pertenecen a la población argentina y del mundo, “bienes comunes naturales”, aclara el especialista en legislación ambiental. En su advertencia menciona el concepto del Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si donde el planeta es vista como una “casa común” donde vive toda la humanidad. 

 

Para Ezcurra, las afirmaciones de Espert caen en “dogmatismos que aprendieron de los libros” e implica desconocer lo que es un servicio ecosistémico. Hay muchas maneras de medir la explotación de la naturaleza, dice Ezcurra, y pone el ejemplo de una especie amenazada de la pampa húmeda: el siervo de los pantanos. Es un animal que se puede comer, entonces su “rendimiento” puede medirse a través de la cantidad de kilos que se obtienen de su explotación. Pero ese mismo ciervo es una atracción turística que, viva, genera empleo para paseos en la laguna Iberá que emplean -entre guías, hospedaje, viandas, etc.- a mucha gente, generando mucho más valor económico. Este razonamiento puede aplicarse a las montañas, los ríos, los bosques o las especies. Entonces, se pregunta Ezcurra, “¿qué medición queremos aplicar?”.

 





Emiliano Ezcurra, director ejecutivo de Banco de Bosques, consultor de Greenpeace y ex Vicepresidente de Administración de Parques Nacionales.

 

“Definir a un bien natural como recurso tiene que ver con una perspectiva antropocéntrica que pone al ser humano como amo y señor de todo, que puede hacer uso irrestricto e inescrupuloso de cualquier cosa que se presente”, retoma Ezcurra. En una era geológica donde la acción humana es la mayor causante de la modificación de los sistemas naturales del mundo, el accionar y los dichos de los funcionarios de La Libertad Avanza, no sorprenden. 

 

“Es un grave error”, continúa el abogado, porque la explotación de los bienes comunes naturales pone en jaque los equilibrios ecosistémicos. Los mismos que garantizan las condiciones de habitabilidad del mundo; que brindan muchos servicios como producción y limpieza del aire, del agua, lluvias para regar los cultivos, entre muchos otros. Si la explotación de la naturaleza impide que esta cumpla correctamente sus procesos de engendramiento, aquellos que nos permiten habitar el mundo, “entonces nos estamos destruyendo también a nosotros mismos”, dice Pardo Lambreabe en una advertencia que nace del cuestionamiento del DNU pero que desemboca en su fundamento. 

 

Espert, Ezcurra y Pardo Lambreabe se hacen la misma pregunta: ¿para qué explotar la naturaleza? Sin embargo, sus respuestas son diferentes. El derretimiento de glaciares tendrá impactos en todos los rincones del mundo por el aumento del nivel del mar e intensificará las inundaciones; el 80 por ciento del plástico producido termina en los océanos y eso “tiene y tendrá consecuencias devastadoras a largo plazo para todos”, advierte Pardo Lambreabe. Cómo explotar la naturaleza, que es una pregunta respondida en su funcionalidad práctica por la ley, está relacionada con para qué explotarla. Y otra vez, las respuestas son equívocas. “Nada de la naturaleza es por sí un recurso, nosotros los humanos lo mal-convertimos en un recurso”, cierra Pardo Lambreabe. 

 
Argentina ¿a contramano del mundo?

“El Presidente y sus equipos no tienen el tema ambiental en el radar o lo tienen mal detectado”, señala Ezcurra y admite que es lamentable ya que la Argentina podría beneficiarse de políticas ambientales inteligentes. Para Pardo Lambreabe esto ocurre porque a menudo los países en vías de desarrollo, ahogados por endeudamiento y restricción externa tienen muchos límites para desarrollarse y en muchos casos acuden de forma irresponsable a la destrucción del ambiente, pero también a consecuencia del ahogo que generan los vencimientos de deuda y la economía no industrial. Este sería el caso de Argentina.

 

Ezcurra sostiene que el Presidente ataca de forma directa a la política ambiental tildándola de “socialista”. Punto en el que el consultor de Greenpeace discierne, ya que los estados de tinte socialista como Cuba, poco y nada tienen de ambientalistas, al contrario, las agendas ambientales más desarrolladas están dentro de las sociedades capitalistas.

El abogado ambientalista insiste en que Rusia, cuya economía crece a pasos agigantados, sería un buen socio comercial para Argentina, a diferencia de Estados Unidos, que ha perdido la hegemonía económica del mundo y con quien el presidente se encuentra haciendo alianzas. “Milei no tiene en cuenta ninguna otra variable para su política internacional y comercial que la sobre ideologizada libertaria” expresa Pardo Lambreabe, y explica que más allá de que no tiene en cuenta la perspectiva ambiental que surge actualmente en algunos lugares del mundo, su política comercial y de relaciones internacionales es de gran amateurismo.

 

En sus discursos, el presidente toma enumera ejemplos de los modelos económicos del primer mundo. Sin embargo, son aquellos los que tienen un plan de transformación de la economía social de mercado a una economía social-ecológica de mercado. Tal es el caso de Alemania, que quiere convertirse en un país industrial climáticamente neutro para 2045. Otro caso es Francia, pionera en la multa por huella de CO2 a las empresas. Si bien son políticas que tienen sus altas y bajas, han logrado reducir los valores que afectan al medio ambiente.

 

Del otro lado del océano pero en esta misma línea, Ezcurra cuenta que el Banco de Bosques acaba de cerrar un proyecto de mitigación de huella de carbono con una empresa alemana que le genera beneficios económicos importantes al país en términos de ingreso de divisas y por lo tanto de empleo. 

 

En contraposición, Pardo Lambreabe cree que ninguno de esos países son grandes ejemplos verdaderos de cuidado del ambiente ya que aunque se jacten de sus políticas progresistas, son responsables de la pérdida de biodiversidad y del calentamiento global. También señala que en muchos casos extranjerizan sus externalidades. “Francia ha saqueado al continente africano y sus bosques nativos, y multa a las empresas por su accionar en Francia, pero no lo hace por la conducta de esas mismas empresas francesas en el extranjero”. Otro caso que menciona es el de Noruega, con sus proyectos de minería en glaciares. 

 

Foto: Martín Katz (Greenpeace).

 
La ciudadanía al frente 

El abogado ambientalista recuerda que aunque Senadores lo haya rechazado, el DNU está vigente. “Todo lo que se derogó, está derogado” indica. De seguir vigente el DNU o si se vuelve a insistir con estos puntos de la ley Ómnibus, solo traerán mayor conflictividad ambiental. Así lo señala Ezcurra: “Si nos pudimos poner de acuerdo 150 organizaciones quiere decir que vamos a dar la pelea. El camino de la batalla es inevitable cuando el Estado quiere llevarse puesto a un sector de la sociedad”, dice.

 

Además, enfatiza en que la forma en la que se está llevando el proceso no sirve. “Es viable y necesaria una negociación, llegar a un consenso”, remarca. Pardo Lambreabe también llama a la concientización y al accionar de la ciudadanía por las implicancias de las políticas de este gobierno. “El trabajo difícil será reconstruir tantos años de conquistas democráticas que se están borrando a la velocidad de la luz”, concluye.

Noticias relacionadas