El jueves pasado la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación rechazó el DNU. Sin embargo, el mismo se mantendrá vigente si no recibe también un rechazo por parte de la Cámara de Diputados. En esta nota, Fixiones analiza los aspectos dentro del DNU –y en otras iniciativas del gobierno de Javier Milei– que perjudican al medioambiente, o lo perjudicarían en caso de implementarse.

Por Carla Effenberger y Malena Costamagna Demare | Fotos: Cortesía de los entrevistados y Greenpeace.

¿Cuál es la relación entre la legislación y el medioambiente? Con apenas tres meses de gobierno, el presidente Javier Milei presentó un “mega” Decreto de Necesidad y Urgencia que deroga o modifica más de 300 leyes -y que sigue vigente porque aún no fue rechazado por diputados-, y también intentó avanzar con la Ley Bases, que fue rechazada en la Cámara de Diputados, pero con la que Milei volverá a insistir y presentará en el período de sesiones ordinarias. Ambas decisiones mostraron a las claras el desprecio que el gobierno tiene, entre otros aspectos, por la protección y el cuidado del medioambiente. Fixiones conversó con los especialistas ambientales Emiliano Ezcurra y Francisco Pardo Lambreabe para alumbrar los aspectos del DNU y de la ley Bases vinculados a la temática.

Los principales aspectos en contra del cuidado ambiental

“Cuando se deteriora el ambiente, todos perdemos”, dice de forma rotunda el director ejecutivo de Banco de Bosques, consultor de Greenpeace y ex Vicepresidente de Administración de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra. La pregunta que queda abierta es por qué. Francisco Pardo Lambreade, abogado ambientalista, enumera los cuatro puntos principales que desde su perspectiva afectan a la “casa común”.

1. Derogación de la Ley de Tierras Rurales

“Desde que Colón llegó a América hasta hoy, extranjeros extraen la riqueza de nuestro suelo y la llevan a otro país”, esgrime Lambreabe. Aquel territorio que nos es común a todos los argentinos y argentinas antes tenía un límite de propiedad para quienes no hayan nacido en este suelo. Solamente un treinta por ciento podía estar en manos extranjeras y solo mil hectáreas por persona. Esta modificación, dice el abogado ambientalista, solo habilita a la profundización de esa modalidad y supone un conflicto dado que los intereses extranjeros “probablemente son opuestos a los del pueblo argentino”. En especial cuando estos tienen la “libertad” de explotar la naturaleza con pocas o nulas limitaciones legislativas. 

2. Derogación de Ley 24.523 Sistema Nacional de Comercio Minero y Ley 24.695 de creación del Banco Nacional de Información Minera

Pardo Lambreade explica que para un sector ya desregulado, esta modificación amplía los márgenes de discrecionalidad que tienen las corporaciones a la hora de llevar adelante sus proyectos, y limita el control que puede llevarse tanto del Estado como desde la sociedad que se sirve de esa información. La explotación minera en Argentina es llevada a cabo exclusivamente por capitales extranjeros, con Canadá y China en la cabeza, sin embargo, producto de una ley sancionada durante el menemismo, las empresas deben pagarle al Estado solamente el tres por ciento de las regalías en función de lo explotado. Esa cifra sale de una declaración jurada que, además, prácticamente no tiene controles.

Francisco Pardo Lambreabe, abogado ambientalista. 

3. Derogación de la Ley de Promoción Industrial

“Es bien sabido que, ante la desindustrialización de un país, la posibilidad de obtención de divisas a través de los mal llamados recursos naturales aparece como única alternativa”, enfatiza Pardo Lambreabe. Esta derogación profundiza indirectamente el modelo de economía primarizada en detrimento del medioambiente.

4. Derogación del Fondo de Generación Distribuida para Energías Renovables

En 2018 el gobierno de Mauricio Macri creó un Fondo que impulsaba las inversiones privadas para las energías renovables mediante un incentivo a los proyectos de esta producción. Además, si se producía un excedente de energía renovable que no era utilizado por los usuarios, el sobrante era reinsertado a la red general de energía, aminorando la saturación y distribución energética general. 

Sumado a las medidas del DNU, Ezcurra llama la atención sobre la Ley Ómnibus, a los que otros, como la diputada Julia Estrada (UxP) prefieren llamar “Ley Argentina en Venta”. Ezcurra y múltiples organizaciones ambientales, apuntan contra aspectos que significan un “retroceso en materia de legislación ambiental” y enumera los aspectos relacionados al desfinanciamiento y desregulación de las leyes bosques, glaciares, la Ley de quemas -que establece autorizaciones tácitas, dado que si en los 90 días que el Estado tiene para autorizar una quema (antes 30), este no se promulga, la entidad emisora queda autorizada para la quema-, entre otras. 

La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas expresó que “las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales”. Aunque la Ley Ómnibus fracasó en su tratamiento inicial, el gobierno volvería a insistir con estos temas.