En diálogo con Fixiones, el investigador de Conicet e integrante del grupo de investigación en Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires, Bruno Fornillo, analizó la situación de la explotación del litio en Argentina, Bolivia y Chile, advirtió sobre los riesgos ambientales y las escasas regulaciones que existen.  “Argentina es un caso lamentable desde cualquier perspectiva. Las empresas no pagan impuestos, generan graves daños ambientales y no consideran a las comunidades locales”, señaló. 

Por Mercedes Larosa l Fotos: Télam

El litio, un metal ampliamente utilizado en las baterías de alta tecnología, está despertando un gran interés en Chile, Bolivia y Argentina, lo que se conoce como el “triángulo del litio”, que posee el 80 por ciento de las reservas globales del mineral. No obstante, su explotación suscita un acalorado debate sobre la regulación estatal, el papel de las corporaciones y los efectos en el medio ambiente y las comunidades locales. Para comprender mejor este conflicto, desde Fixiones entrevistamos a Bruno Fornillo, integrante del grupo de investigación en Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador de Conicet. En un contexto global caracterizado por una creciente rivalidad entre las potencias asiáticas y las del norte global por la explotación de este metal ligero y valioso, Fornillo reflexiona sobre los distintos aspectos que implican la extracción de este recurso estratégico: la geopolítica, las políticas públicas que regulan su explotación y comercio en los distintos países y el impacto que genera en las comunidades locales. 

–¿En qué radica la relevancia del litio a nivel global, cuáles son las razones por las cuáles se considera un recurso mineral fundamental?

El litio desempeña un papel clave en la actualidad por ser un componente esencial en la fabricación de baterías, utilizadas para diversos fines como celulares, tablets y múltiples transportes. En particular, el sector de la electromovilidad, que es parte integral de la industria automotriz, depende en gran medida del litio. No obstante, su relevancia es relativa, ya que el valor principal reside en la creación y el desarrollo del producto final, como un automóvil eléctrico, donde el porcentaje de litio en el precio total de la batería es relativamente bajo. A diferencia del petróleo, el litio no puede considerarse el combustible del siglo XXI, ya que el petróleo se encuentra en la base de la sociedad consumidora de energía actual y representa un mercado mucho más profundo, al ser en sí mismo una fuente de energía. Por otro lado, el litio simplemente acumula energía, sin producirla. La pandemia tuvo un impacto significativo en las dinámicas globales, consolidando aún más el capitalismo verde y acelerando la transición energética, donde la prioridad es impulsar la electromovilidad en los imperios globales actuales, tanto en Asia como en el “mundo atlántico”. Como resultado, el precio del litio tuvo un incrementó exponencial, pasando de 7 mil a 70 mil dólares, lo que lo convierte en un valioso recurso.

–La extracción de litio, especialmente en los salares del “triángulo del litio”, plantea interrogantes sobre su impacto ambiental. ¿Podrías profundizar en los efectos ambientales de la extracción de litio en los salares y cómo se abordan los desafíos asociados?

La extracción del litio tiene un significativo impacto ambiental porque para poder obtenerlo se requiere un alto consumo de agua, aproximadamente dos millones de litros por cada tonelada de litio producida. La técnica más utilizada, conocida como evaporación, genera una cantidad considerable de residuos, como sales de desecho que contienen magnesio y calcio. Estos residuos necesitan ser dispuestos en grandes áreas para su almacenamiento adecuado. Estas dos cuestiones, especialmente el problema del agua, representan una seria amenaza para la reproducción de la biósfera y la vida en general en la región. Como resultado, surge la pregunta de cómo abordar este desafío y buscar alternativas más sostenibles.

–La regulación de la extracción de litio es un aspecto crucial para garantizar prácticas responsables y sostenibles en esta industria. ¿Cuáles son los detalles sobre el marco regulatorio vigente y cómo se están abordando las dimensiones ambientales y sociales de la extracción de litio?

En Argentina actualmente no se exige la aplicación de ninguna técnica de extracción en particular, lo que permite a las empresas puedan operar según su propio criterio. En contraste, en Chile se está implementando una nueva política que fomenta el uso de la técnica de absorción selectiva, que aún se encuentra en desarrollo, pero teóricamente es menos perjudicial en términos de consumo de agua. Dado que gran parte de la región donde se extrae litio en Argentina es considerada como una zona árida, existe un riesgo significativo para las plantas, los animales y las comunidades locales. La  principal preocupación radica en que estas áreas se conviertan en zonas de sacrificio, donde la vida desaparezca en aras de cumplir con la supuesta necesidad de transición energética en los países desarrollados. 

–Las políticas públicas desempeñan un papel fundamental en la regulación y gestión del litio como recurso estratégico en los países del triángulo del litio: Chile, Bolivia y Argentina. ¿Podrías proporcionar más información sobre las políticas específicas que cada país ha implementado para regular y aprovechar este recurso de manera estratégica?

En el Estado Plurinacional de Bolivia, la extracción de litio es totalmente estatal. Sin embargo, el problema radica en las tensiones entre las regiones y el gobierno central. Bolivia enfrenta dificultades para encontrar una técnica de extracción adecuada para la producción a gran escala debido a las características especiales del Salar de Uyuni. En Chile, desde la creación de la Comisión Nacional del Litio en 2015, se estableció que las empresas deben pagar el 40 por ciento de sus ganancias cuando el precio de una tonelada de litio supera los 10 mil dólares, lo cual ha sido la situación predominante. Además, con la nueva política litífera, se espera que el Estado, a través de sus empresas como Codel, Conami o una empresa litífera específica, tenga una participación mayoritaria en todas las operaciones de explotación. 

–¿Y en Argentina?

Argentina es un caso lamentable desde cualquier perspectiva. Las empresas no pagan impuestos, generan graves daños ambientales y no consideran a las comunidades locales. Es tan vergonzoso y evidente que, en breve, seguramente en unos días, los gobernadores provinciales anunciarán modificaciones en el régimen para aparentar que se está haciendo algo. Esto vendrá acompañado de la ilusión de una industrialización que en realidad se reduce a unos pocos proyectos insignificantes. Todo esto se hace para encubrir el hecho de que se mantiene el dominio corporativo en los dos proyectos existentes en Argentina y en los otros 20 proyectos en etapas avanzadas, así como en los 40 proyectos en desarrollo en todo el país. Además, en Argentina, existe un problema en la dinámica económica actual donde las divisas generadas se externalizan rápidamente. Esto refleja un problema en la captación y distribución de la renta. Aunque se habla mucho sobre la restricción externa y la escasez de divisas, durante el gobierno de Macri ingresaron 100 mil millones de dólares que rápidamente salieron del país. Esto demuestra que el problema no es la restricción externa, sino el control corporativo del capital en Argentina.

–¿Cuáles son las razones que explican el papel controvertido de Argentina en el manejo del litio como recurso estratégico y qué factores contribuyen a la concesión de áreas en los salares a las corporaciones en el país?

La regulación que permite la concesión se estableció en la década de los noventa. Esta regulación se basa en el dominio provincial de los recursos, como se establece en la Constitución de 1994, y fue impulsada por organismos multilaterales de gobernanza, como el Banco Mundial. En aquel momento, estos organismos buscaban desmantelar la influencia y el papel predominante de los Estados nacionales en América Latina. Esta regulación se enmarca dentro de las reformas de los años 90, que incluyen cambios en el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras. Estas leyes otorgan a las empresas una serie de ventajas y exenciones que son enormemente favorables y desproporcionadas. Sin embargo, a pesar de que el litio no era un boom en aquel entonces y solo había unas pocas empresas en producción, existía una responsabilidad por parte del Estado nacional en relación con un recurso estratégico presente en otros países como Perú, Brasil, Bolivia, Chile y México. Lamentablemente, el Estado nacional argentino adoptó una actitud pasiva y timorata al respecto. Incluso se descubrió que algunas empresas subfacturaban la exportación del litio, vendiéndolo por debajo del precio estándar en el mercado global. Esto es posible debido a la corrupción en la aduana nacional y la falta de acción por parte del Estado. Además, algunos gobiernos provinciales, como el de Catamarca, también han estado involucrados en negocios de menor escala. Sin embargo, la situación ha crecido considerablemente en la actualidad.

–¿Qué enfoques podrían ser considerados para implementar en Argentina una política pública que tome en cuenta el impacto social y ambiental en la región, al mismo tiempo que se promueva la explotación del litio de manera sostenible?

Existen diversas acciones que podrían ser llevadas a cabo. Una opción sería hacer cumplir la ley que establece que el litio debe estar bajo el control de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo que permitiría al Estado Nacional negociar con las provincias. Además, desde el Foro de Especialistas de Litio, conformado por 30 líneas de investigación en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional y del Conicet, se propuso la creación de una Comisión Nacional del Litio, siguiendo el modelo chileno, que permitiría legitimar y abordar la situación con todos los actores involucrados en la industria del litio. Sin embargo, hasta el momento no se han tomado medidas en esa dirección. Otra medida que podría tomarse es finalizar todas las concesiones que no están en producción. Existen mecanismos legales que podrían utilizarse para ello, aunque es necesario contar con voluntad política para que esto ocurra. Tanto los gobernadores provinciales como el Poder Ejecutivo han demostrado tener una mentalidad colonial en este aspecto, ya que no han realizado ninguna modificación al respecto. Aunque valoro la visión clara de Cristina Fernández de Kirchner sobre esta problemática, es importante destacar la relativa incoherencia de su papel como vicepresidenta de la nación, ya que en estos cuatro años no se ha realizado ninguna modificación significativa en esta situación lamentable.

–¿Cómo es la situación en Argentina en relación a la regulación fiscal y cómo se están enfrentando las prácticas de subfacturación?

Actualmente, las empresas pagan un 1,5 por ciento en concepto de regalías. Originalmente, pagaban el 3 por ciento, pero luego pueden deducir costos y otros gastos, lo que resulta en un 1 por ciento de regalías para las provincias. Además, pagan un 35 por ciento en impuesto a las ganancias. Sin embargo, la ley de inversión en minería permite muchas deducciones. Aunque se pretende hacer algunas modificaciones a este régimen, es probable que no se toque lo fundamental. Es probable que el régimen de favoritismo hacia las empresas continúe siendo el mismo.