“NECESITAMOS UNA OFENSIVA PARA DEMOCRATIZAR LAS COMUNICACIONES”

Fixiones presenta la primera de una serie de notas sobre el campo de la comunicación, el periodismo y la cultura en relación a un escenario tecnológico y político que presenta nuevos desafíos. En esta ocasión, el Secretario General de la  Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Pascual Calicchio, y Yair Cybel, referente de la Red de Medios Digitales, reflexionan sobre la necesidad de regular a las plataformas, los problemas del Estado para hacerlo y la relevancia de los nuevos medios digitales en el escenario comunicacional. 

Por Juan Schtivelband Guindi  |  Foto: Muriel Schtivelband Guindi

En el marco de los diagnósticos que plantean tanto la proliferación de la información y la comunicación como la aceleración de la vida humana, el periodismo se ve cada vez más trastocado por las lógicas de las nuevas plataformas mediáticas que inundan y bombardean la cotidianidad. A raíz de esto, Fixiones da comienzo a una serie de notas que permitan contribuir al debate y la reflexión sobre el estado de la comunicación actual, abarcando distintos ejes y actores que conforman este campo. Para esta primera entrega conversamos con el Secretario General de la  Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Pascual Calicchio, y con Yair Cybel, referente de la revista Gritos del Sur, quien aborda esta problemática como integrante de la Red de Medios Digitales (RMD). Ambos son, además, licenciados en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. 

En la actualidad, las plataformas como Twitter, Instagram, Facebook y TikTok han modificado la manera de hacer periodismo, transformando tanto la forma como el contenido y entrando en tensión con los medios de comunicación tradicionales. Diversos debates en torno a los medios de comunicación audiovisual tuvieron que expandir sus discusiones  para pensar estas nuevas dinámicas. En tal sentido, Calicchio repasa cuál es el funcionamiento y el alcance actual de la Defensoría del Público, que fue creada a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009 y tiene como objetivo  “promover, difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual”. Este Organismo Federal cuenta con dos áreas específicas: “una se encarga de recibir los reclamos de las audiencias de radio y televisión respecto a lo que ve en las comunicaciones audiovisuales, sea vulneración de derechos, relacionado al horario de protección al menor o mismo casos de  violencia de género. Además contamos con un área tiene que ver con la capacitación y promoción de las audiencias, porque es ahí donde nosotros podemos plantear el trabajo con distintos sectores sociales en pos de contribuir a la educación y a la cultura”, señala el Secretario General.

Existen numerosos diagnósticos que confirman que las plataformas privadas se han constituido como el soporte que monopoliza el debate social y lo amolda a su beneficio. Frente a esto, Cybel señala que “hoy en día la comunicación son estrictamente estas plataformas; el debate social, la reflexión política y el periodismo se mueve ahí. Observamos cada vez más cómo utilizamos los soportes que crean los sectores poderosos que concentran las mayores riquezas del mundo. Hoy por hoy estas plataformas ‘vuelan’, mientras el Estado argentino las ve pasar: no hay reglamentación sobre contenido ni sobre nada, no hay regulación. Es fundamental que no perdamos de vista que las redes sociales no son imparciales, son privadas y son el lugar donde se discute parte del discurso público”. La discusión es particularmente relevante para la Red de Medios Digitales, dado que es un espacio que nuclea casi setenta medios de todo el país, en su mayoría nativos digitales –donde se encuentra incluido Fixiones–, y pone el foco en la situación actual de la comunicación desde los medios autogestivos, proponiendo debates, dudas y certezas con la mirada en el futuro y la transformación de la sociedad. 

Ante el avance tecnológico, la falta de regulación estatal sobre las nuevas formas de  comunicación, el crecimiento y la mayor autonomía de los poderes trasnacionales, Cybel considera que, como en todos los ámbitos de la vida, “si no regula el Estado, copa el mercado”. Con relación a ello, desglosa los objetivos de la RMD para una posible “ofensiva comunicacional que busca la democratización de las comunicaciones”. Tal ofensiva consistiría en trabajar para la profesionalización del campo a través de tres ejes que se entrelazan constantemente: “el económico, el de contenido y el legislativo”. El eje económico tiene que ver con “la sustentabilidad de nuestros medios, por la democratización y la federalización de la pauta, que hoy en día es una herramienta que nos parece fundamental”. Remarca que “no hay una ley que nos ampare, y pese a eso, gracias a la lucha y la campaña de visibilización que venimos dando desde la red, conseguimos grandes mejoras, aunque sigue habiendo una desigualdad histórica que beneficia a los grandes medios”.

Ante esta misma preocupación, Calicchio remarca que la Defensoría está proyectando un “giro hacia lo digital”. Este debate se enmarca en lo que tiene que ver con lo que algunos denominan “el audiovisual ampliado”, precisa. Esta idea propone que, además de los medios de comunicación  audiovisuales tradicionales como la radio y televisión,  es necesario empezar a pensar otros espacios donde también circula la comunicación y diversos contenidos, ya que hay una “retroalimentación entre los medios y las plataformas”. “Observamos diariamente que las plataformas debaten directamente con lo que sucede en la televisión o la radio y viceversa, eso también hace difícil establecer si tal contenido se produjo en un espacio u en otro, y son algunas de las complejidades que genera la comunicación y para la que tenemos que dar respuesta”, explica. 

¿Cuáles son las posibilidades que se barajan para dar mayor respuesta? Calicchio precisa que existen sectores que “plantean la modificación del concepto de comunicación audiovisual dentro de la ley, ya que se considera que es un concepto que se va a actualizar; otras posturas plantean la necesidad de modificar los márgenes de acción que tiene la Defensoría para que pueda intervenir con mayor potestad y también hay algunas miradas que proponen discutir leyes específicas para la regulación de las plataformas y sus contenidos”. Sin embargo, aclara que “sea cual sea la forma es fundamental que este debate comience a formar parte de la agenda de distintos sectores para poder garantizar más espacios de democratización de la comunicación”. 

Desde la Red de Medios se suman al debate acerca de la intervención estatal en los contenidos de las plataformas y consideran fundamental que “la Defensoría del Público comience a regular lo que pasa en internet”. “Es indispensable que este organismo se haga cargo de lo que ocurre en redes sociales y no solamente que haya sanciones a posteriori. Es incomprensible que se pueda subir un video de una situación violenta pero si, por ejemplo, aparece un pezón femenino en una publicación, es dada de baja por incumplimiento de las normas. Incluso vemos la gravedad del avance de estas corporaciones por sobre el Estado, como por ejemplo cuando Twitter decidió suspenderle la cuenta a Donald Trump en 2021”, comenta Cybel. 

Otro punto fundamental que propone la RMD es la búsqueda de la cooperativización de los medios. “Esto significa que pasen de ser iniciativas de amigues o militantes a espacios de trabajo reconocidos”, aclara Cybel. Desde este lugar, subraya la importancia de la sindicalización de les compañeres para ser reconocides estatalmente como laburantes y pelear por “mejorar nuestros salarios y las condiciones de trabajo”. Las afiliaciones no son sencillas debido a las incompatibilidades que presentan ciertos estatutos con las condiciones laborales de les trabajadores de medios cooperativos, por eso desde la RMD aclaran: “por cuestiones estatutarias todavía no nos reconocen como trabajadores de prensa, porque al no haber una relación clara de dependencia con una patronal –que sí la tenemos, porque nuestra patronal son las redes–, muchos de los sindicatos que continúan con lógicas viejas impiden estos avances”. Sin embargo, celebran la articulación cada vez más fluida con ciertos sindicatos, universidades y las organizaciones del campo popular y proponen pensar en la comunicación no de manera instrumental, sino de forma trasversal a la vida cotidiana.

En el eje legislativo, Calicchio es optimista con la posibilidad de regular las plataformas: “creo que vamos hacia eso, en Europa ya se está dando también y es un caso que venimos siguiendo”. Sin embargo observa que ese camino va a presentar varios interrogantes y dificultades: “vamos a tener que ponernos de acuerdo en qué es lo que se va a regular de las plataformas y cómo, porque hay que evitar en ese modo las discrecionalidades que puedan llevar a arbitrariedades a la hora de abordar el tema de la libertad de expresión. Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con que las plataformas que no tienen una territorialidad. Hay muchas imposibilidades técnicas a la hora de implementar esas regulaciones con empresas que están radicadas fuera del país”. 

Con idas y vueltas, la regulación de los medios de comunicación audiovisual ha sido un eje central en la política Argentina en los últimos veinte años. A raíz de esto Calicchio recuerda: “hoy la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sigue vigente,  ha sido modificada y sabemos que muchos aspectos quedó atrasada porque la comunicación ha cambiado mucho en los últimos doce años. Por eso es muy importante volver a debatir estos temas y que sean una preocupación de los distintos sectores de la sociedad, para que tome un rumbo político”.  Cabe recordar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, promulgada el 10 de octubre de 2009 y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia el 29 de octubre de 2013, aunque no pudo ser aplicada en su totalidad por las medidas cautelares presentadas por el Grupo Clarín, y luego fue modificada en diciembre de 2015 mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia por el entonces presidente Mauricio Macri.

El integrante de la revista Gritos del Sur concuerda con esta perspectiva y profundiza con que es necesario “entender que el escenario cambió de forma muy apresurada en estos años y es fundamental no perderle el ritmo a esta herramienta tan importante. Las plataformas son fundamentales hoy en día para nosotres y nuestra manera de construir. Es por eso que subimos cada vez más la apuesta para disputarlas”. Con lo que respecta a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, agrega que “en las discusiones dentro del campo de la comunicación estamos muy atrasados porque partimos de una piso alto, ya que en distintos ámbitos, como  las universidades, los medios, la militancia o entre los profesionales, se mantiene la idea de que tiene que volver la ‘Ley de Medios’ y para nosotres es un gran error. Pese a que nos sentimos ‘hijes’, la hemos militado y  somos defensores de la Ley, creemos que ninguna batalla se gana mirando el pasado y  políticamente estaría mal salir a decir que queremos que vuelva la ‘Ley de Medios’. No enamorás a nadie así”, sentenció. 

Por último, la cuestión económica de las plataformas y los medios de comunicación resulta un aspecto central a la hora de plantear posibles regulaciones. Desde la RMD ponen el foco, para empezar, en el sistema tributario argentino. “Estamos en busca de que las plataformas que operan en Argentina, como Facebook, Instagram, YouTube, entre otras, deban pagar una parte de las ganancias que reciben a través de lo que producimos diariamente, es decir, el contenido de nuestros medios. El único lugar que les duele a estos tipos es el económico, y el contenido se monetiza en el exterior, en dólares, y no le queda nada a quienes lo producen. Por eso es necesario comenzar a garantizar la regulación de internet. Una regulación que también sirva para el estímulo y la promoción de la comunicación popular y de la industria audiovisual argentina, en el marco de la búsqueda de la soberanía comunicacional”. 

Calicchio comparte que “es notable la diferencia de cuestiones económicas y regulatorias que se maneja entre los medios y las plataformas”, y ante esto agrega que “es posible que ciertos sectores que estuvieron en contra de ciertas leyes con respecto a la comunicación, hoy en día acompañen la idea de regular las plataformas.  Los medios  tienen una serie de impuestos,  tienen cuota de pantalla y varias regulaciones que las plataformas no. Por eso hay una presión de las empresas de medios para que las plataformas también sean reguladas. Pero para que esto pueda darse consideramos necesario que haya un amplio debate entre los sectores involucrados y que ese debate tome el camino legislativo necesario para garantizar una comunicación democrática”, concluye.

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