El desmonte siguió avanzando en Argentina durante 2022: se perdieron unas 200 mil hectáreas de bosques nativos en un año y desde 2007 la destrucción supera las 3.700.000 de hectáreas. En diálogo con Fixiones, el doctor en Ciencias Agropecuarias e investigador del Conicet Sebastián Aguiar y el director de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicaron los motivos por los cuales el desmonte no cesa y advirtieron sobre la connivencia entre productores y gobernantes de distintas provincias que llevan a la destrucción del ambiente. 

Por Martina Solari Arena l Fotos: Greenpeace

Durante 2022, entre desmontes e incendios se perdieron unas 200 mil hectáreas de bosques nativos en todo el país: en Santiago Del Estero la destrucción alcanzó las 38.492 hectáreas, en Chaco 36.159, en Formosa 22.664 y en Salta 15.230, lo cual representa casi el 80 por ciento del desmonte, según el último relevamiento de Greenpeace. Si bien se aplican multas a quienes desmontan, “los productores las pagan como un costo más del desarrollo productivo, y cuando se han dado casos donde se han intentado multarlos de manera millonaria, ponen abogados, con lo cual judicializan la multa y no la pagan”, advirtió en conversación con Fixiones Hernán Giardini, director de la campaña de bosques de la organización ambientalista. Desde 2007, año en que se sancionó la Ley de Bosques, se perdieron más de 3.700.000 hectáreas de bosque nativo en la región Chaqueña, según la información provista por la Dirección Nacional de Bosques. “Esta superficie es equivalente a 185 veces la superficie de la Capital Federal, y es superior a la de la provincia de Misiones o de Bélgica”, explicó el investigador de Conicet y doctor en Ciencias Agropecuarias, Sebastián Aguiar.

La herramienta legal para impedir el avance del desmonte tiene más de quince años. En 2007 se sancionó la Ley 26.331 que protege a los bosques nativos de Argentina, a lo largo y ancho de nuestro país. La ley estableció la obligatoriedad de realizar un Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), es decir,  obligó a las provincias clasificar cada cinco años, en rojo, amarillo y verde sus bosques, según su nivel de conservación. En rojo se agrupan los bosques que no pueden ser producidos por el hombre; en amarillo aquellos que en caso de ser utlizados, deben ser manejados de forma sostenible, y en verde aquellos capaces de ser transformados parcial o totalmente. 

Aguiar, junto a otros profesionales, participó de un estudio que rastrea las causas de los desmontes ilegales en el norte del país. En base a datos de 244 eventos de deforestación ilegal encontraron que “la modalidad más frecuente de deforestación ilegal es el desmonte en áreas prohibidas según la ley, y que los desmontes ilegales de mayor área se asociaron a agentes o productores con mayor poder, siendo el poder definido por características de los agentes, como su capital económico, origen geográfico y vínculo con funcionarios públicos”. “En muchos casos la deforestación ocurre con fines de especulación inmobiliaria y, el simple hecho de remover total o parcialmente los árboles y alambrar el perímetro, aumenta el precio de la tierra considerablemente”, agregó el investigador. 

Los especialistas apuntan a una complicidad cometida por los propios gobiernos provinciales, cuando autorizan desmontes en zonas rojas o amarillas. Giardini señaló que “cambian la zonificación, de manera ilegal,  a pedido de unos dueños de campos de manera predial, osea pasan de las zonas donde no se podían desmontar a zonas donde sí se podían desmontar, y después autorizan el desmonte”. Otra forma de delito es cuando no se actualiza la OTBN: “casi todas las provincias tienen el reordenamiento vencido, cuando no deberían autorizar desmontes nuevos, porque deben actualizarlo de manera participativa y respetando las tierras indígenas”, agregó el ambientalista. Santiago del Estero es un ejemplo claro, detalló Giardini, ya que “casi el 80 por ciento de los desmontes fueron ilegales, ya sea porque el productor lo hace sin permiso, o porque la propia provincia autorizó donde no se podía”.

Las multas como costo de inversión

La ley 26.331 contempla la aplicación de multas económicas en caso de infringir su normativa. Sin embargo, Giardini apuntó que la infracción debería implicar un delito penal, no un delito civil. El costo de las multas son bajos y, según precisó Aguiar, “no representan valores que sean un incentivo para evitar la deforestación”. En suma, señaló que “se supone que el monto recaudado de la multa debe ser destinado a la restauración, pero esto tampoco ocurre generalmente. La restauración de ecosistemas naturales avanza muy lentamente en Argentina en comparación con otros países”. 

Otro gran problema es la desinversión desde el Estado para enfrentar esta situación. El presupuesto que obtiene la ley debería ser del 0,3 por ciento del presupuesto nacional, pero según Giardini, “siempre ha sido del menos del 10 por ciento de lo que establece la ley. Es un problema porque la ley está desfinanciada, parte de esos fondos van para los controles que las provincias tienen que hacer de la deforestación ilegal”. Este 2023, “la partida para el Fondo de Bosques será de $9.000 millones que representan tan solo el 0,031 por ciento del presupuesto total, frente a los más de $86.000 millones que deberían destinarse para alcanzar el 0,3 establecido en la Ley”, comentó Hernán, aunque según él, cabe la posibilidad de que aumenten el presupuesto a 12.000 millones. 

El coordinador de las campañas de Greenpeace opinó que la falta de financiación de la ley es una responsabilidad compartida por cada uno de los gobiernos provinciales: “los proyectos de fondo de cada año los manda el Poder Ejecutivo, los aprueba el Congreso y luego las provincias y legisladores, que tampoco pelean por esos fondos, además de las provincias deben gastar cerca de 10 veces más de lo que gastaban antes de que existiera la ley”.  

El caso de Chaco

La provincia chaqueña no actualiza su ordenamiento territorial desde el 2014 y en 2020 la justicia prohibió los desmontes por falta de actualización, pero eso no impidió  que ilegalmente se talaran más de 47 mil hectáreas desde ese año hasta la fecha, según los datos de Greenpeace. El gobernador Jorge Capitanich, a través de un decreto, actualizó el mapa territorial, pero de manera regresiva, permitiendo desmontes en zonas donde antes estaba prohibido. “El nuevo mapa debería ser progresivo y no regresivo, debería ser con mayor o igual restricción que el actual y no disminuir las zonas en las que se puede y en las que no talar. Además, valida todos los desmontes ilegales que se hicieron, los da por terminados, no los revisa, no los obliga a restaurar”, advirtió Giardini. Esta intervención del gobernador chaqueño, empero, aún precisa de ser aprobada por la Legislatura provincial: “hay que ver si la  justicia provincial lo considera suficiente para levantar la suspensión a los desmontes y hay que ver si después Nación lo considera válido respectos los fondos”, sostuvo el ambientalista.

“La ley, sin dudas, es el principal instrumento de gestión de los bosques nativos a nivel nacional”, indicó Aguiar y aclaró que “la implementación de la ley ha tenido, hasta la actualidad, varias limitaciones”. Frente a la tala de árboles excesiva e ilegal que ataca y destruye biodiversidad, a partir de las consideraciones de los especialistas, se deduce que es urgente profundizar las discusiones para buscar soluciones estructurales y mejorar sobre lo ya conquistado con la ley en el año 2007, si queremos preservar nuestros árboles y plantas milenarias cuidadas durante siglos por las comunidades indígenas, y a los ecosistemas que viven bajo su amparo.