domingo 27 noviembre, 2022

LA LARGA MARCHA DE LES ESTUDIANTES

Las medidas de fuerza tomadas por les estudiantes de las escuelas porteñas se inscriben en un contexto de desinversión y ajuste que lleva muchos años, de la mano de los distintos gobiernos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Fixiones, estudiantes de distintas escuelas comentaron cómo viven esta situación y reflexionaron acerca de la necesidad de que la educación pública sea una prioridad. 

Por: Julián Romero y Juan Schtivelband Guindi  |  Fotos: Martina Solari Arena

El conflicto que estalló el pasado 23 de septiembre con la toma del Mariano Acosta arrastra reclamos que se vienen gestando desde hace al menos quince años. El proceso de desfinanciamiento en educación, el abandono edilicio, las reformas educativas que impulsan una mercantilización de la escuela y el déficit alimentario provocaron que les estudiantes tomaran medidas en búsqueda de una respuesta que desde el Gobierno porteño no llega. Luana Pereyra, secretaria general del Colegio Julio Cortázar, lo sintetizó de la siguiente manera: “mientras que los reclamos y nuestros derechos no sean escuchados, los conflictos no van a parar. Vamos a estar cada día más organizados para ponerle freno a este avasallamiento sobre la educación”. La línea del colectivo estudiantil en los últimos días fue clara: “colegios en lucha porque Acuña y Larreta no escuchan. No solamente no hay respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad, sino que también utilizan a la educación como negocio”.

Este miércoles, un grupo de estudiantes se concentró frente al Ministerio de Educación de la Ciudad a la espera de que la ministra Soledad Acuña les confirme una reunión. El martes la comunidad educativa marchó hacia la jefatura de Gobierno porteño acompañados por distintas organizaciones políticas y gremiales. La protesta fue convocada por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente Ademys, partieron desde el Mariano Acosta. En un contexto en donde cinco escuelas continúan en situación de toma, les estudiantes marcharon bajo el lema: “Unidad estudiantil en defensa de la educación pública”. 

Les estudiantes del Acosta fueron la punta de lanza, cuando el 23 de septiembre, mediante el voto de la mayoría, decidieron tomar el colegio. La consigna era contundente: “Basta de persecución política”. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no tardó en confirmar la premisa de les pibes. Brisa Hunglinger, integrante del centro de estudiantes contó a Fixiones que “lo único que recibe la comunidad educativa por parte del gobierno de la Ciudad son golpes y hostigamientos. Amenazan a nuestros directivos, familiares y buscan datos de les estudiantes”. El reclamo apuntaba hacia la desidia en el mantenimiento edilicio, la escasez de recursos y el mal estado de las viandas brindadas desde el Ministerio de Educación porteño. Sobre este punto, Hunglinger agregó: “También exigimos derechos fundamentales como son la ESI y la salud mental. Creemos que es necesario que se ponga el ojo en cómo nosotres transitamos nuestro trayecto educativo. La capacitación a les docentes son nulas”.

La respuesta del Gobierno de la Ciudad, representado por la ministra de Educación Soledad Acuña, fue poco conciliadora. Durante los primeros días de la toma, cortaron la luz de la escuela y demandaron a ocho padres, responsabilizándolos sobre el accionar de sus hijes. Esas medidas generaron que distintos colegios públicos de la ciudad se solidarizaran con el Mariano Acosta y se sumaran a la toma de medidas de fuerza. Durante la semana pasada, más de 23 escuelas estuvieron en situación de conflicto llevando a cabo tomas, pernoctes, cortes de calles o abrazos simbólicos. 

Frente a este escenario, Acuña fue por más: intimó a les xadres en sus casas y anunció que deberán pagar más de un millón de pesos en recomposición por los días sin clases. Frente a esta decisión, Pereyra sostuvo que “la disposición de denunciar a les xadres es una política radicalizada hacia la derecha. Lo vemos cómo una medida que quieren meter para presionar, generar miedo y darle marcha atrás a la organización estudiantil. Tenemos muy claro que es lo que estamos haciendo, no vamos a retroceder, solo queremos empezar a participar realmente de las medidas que nos interpelan”.

Las autoridades de los colegios en conflicto cumplieron un rol central en la disputa. Más allá de las diferencias políticas que existen, a la hora de pararse frente a los avances de la supervisión, hubo una consigna mayormente homogénea: “los y las directivos debemos acompañar y cuidar a les estudiantes. Entendemos que este conflicto comenzó con ciertos reclamos y a raíz de lo ocurrido, hubo un ataque sistemático por parte del Gobierno de la Ciudad que fue aumentando”, apoyado por directivxs de distintos colegios.

La reacción tuvo que ver con las prácticas inéditas que se vieron en los últimos días: los cortes de luz, las presencias policiacas en las inmediaciones de los colegios, las notificaciones a estudiantes y las “multas por días de toma”. Les directivos plantearon que “a diferencia de conflictos anteriores y el abandono del macrismo, en este momento se están viviendo ataques y operatorias que no tienen precedente. Anteriormente se encontraba un límite más claro de lo decible y de lo que se podía hacer, ahora vemos que el límite se corre cada vez más a la derecha y se ponen en peligro garantías básicas”. Por este motivo, plantean que es fundamental utilizar las herramientas institucionales para garantizar el cuidado de les estudiantes.

 

Un desfinanciamiento crónico

La profundización del hostigamiento del Gobierno de la Ciudad que advierten estudiantes, padres y madres, docentes y las autoridades de los colegios, se da en contexto de desfinanciamiento que lleva muchos años. A quince años de la llegada del macrismo a la ciudad y tras su paso por el Gobierno Nacional entre 2015 y 2019, la educación pública fue uno de los ámbitos con mayor conflictividad en la CABA. La gestión de ocho años de Mauricio Macri entre 2007 y 2015 y el mandato actual de Larreta combinó políticas de desfinanciamiento y deslegitimación de la educación que estalló en las últimas semanas con más de 20 colegios en situación de toma o pernocte.

Distintos relevamientos e investigaciones ponen números a esta realidad. Un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, demostró que “la reducción de fondos dirigidos al Ministerio es alarmante ya que en 2013 la asignación presupuestaria representaba el 24,24 por ciento del total del presupuesto y en 2021 solo el 17,17”. Para este año el porcentaje distribuido hacia la educación presentó un leve aumento, pero la ACIJ planteó que entre 2016 y 2022 el presupuesto del Ministerio disminuyó un 19,5 por ciento en valores reales. Además, un relevamiento realizado por Tiempo Argentino en 2021 planteó que CABA era el distrito que menos invertía en educación en el país, siendo la jurisdicción que más presupuesto tiene per cápita. 

El recorte también perjudica la infraestructura de los colegios. La Multisectorial por la Escuela Pública denunció en junio del corriente año que el 20 por ciento de las escuelas presentan problemas edilicios y el 10 por ciento no cuenta con calefacción. Es algo que advierten les estudiantes a diario, tal como sostuvo Hunglinger: “la desidia del mantenimiento de la infraestructura es muy grande, diariamente las autoridades elevan pedidos de arreglo de baños, ventanas y renovación de bancos, pero desde el Gobierno de la Ciudad hacen oídos sordos”.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires presentó dos informes en 2022 que advertían sobre irregularidades en el mantenimiento de las escuelas y también denunciaba falta de controles en el servicio de los comedores escolares. Este último tema volvió a estar en agenda en los últimos meses ya que la legisladora porteña Ofelia Fernández presentó un proyecto de ley para modificar el funcionamiento de los comedores y viandas en jardines, primarias y secundarias en CABA. En cuanto a este punto, les estudiantes denunciaron que las viandas que nos brindan son escasas, somos una escuela de 850 pibes y diariamente llegan 160. Son sándwiches de paleta y queso que vienen en mal estado y no cumplen con el valor de nutrición necesario”.

El conflicto estudiantil es sintomático de un litigio más amplio en la política porteña y nacional. Fue por ese motivo que les estudiantes recibieron el apoyo de diversos espacios y referentes. La abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort indicó que tomar una escuela no es un delito tipificado y que no ve la forma de sancionar penalmente a les padres ya que “no hay forma de obligar a un padre a que prohíba que su hijo haga algo en ejercicio de su libertad y autonomía”. Por su parte, Axel Kicillof apuntó contra el Gobierno de la Ciudad: “Siempre se hacen los guapos, pero con pibes de 16 años y no con los poderosos”.

El pasado lunes distintos organismos de derechos humanos brindaron una conferencia de prensa con el objetivo de “abrazar a lxs estudiantes”. Participaron de la actividad representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, de Madres y de Hijxs, Taty Almeida estuvo presente y le envió un mensaje claro a les estudiantes: “No aflojen, no bajen los brazos. Recuerden lo que hacemos y decimos hace 45 años las madres. La única lucha que se pierde es la que se abandona, así que no la abandonen”.



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