Desde hace 15 años la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra en un proceso de transformación que, bajo una narrativa modernizante, generó un espacio urbano excluyente desde el punto de vista social, al tiempo que arrasó con el patrimonio histórico. En conversación con Fixiones, el legislador porteño del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, la directora de la comisión de Planeamiento urbano en la legislatura, Paloma González Lobos, y el referente de la ONG Basta de Demoler BA Mauro Sbarbati, sentaron sus posturas respecto a este proceso. 

Por Malena Costamagna Demare l Fotos: Martina Solari Arena

Carteles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cubren fachadas, monumentos y espacios públicos con el nuevo lema de “la transformación no para”. Está ocurriendo algo raro: en los últimos diez años creció más la cantidad de metros cuadrados construídos que el número de habitantes en CABA. Mientras se derrumban edificios históricos, el acceso a la vivienda es cada vez más complejo para los y las porteñas. En diálogo con Fixiones, diputado del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, la directora de la comisión de Planeamiento urbano en la legislatura, Paloma González Lobos, y el referente de la ONG Basta de Demoler BA Mauro Sbarbati, discuten hacia dónde va esa transformación. El ojo del debate se centra en qué relación tiene la metamorfosis del espacio urbano con el código urbanístico; qué riesgos supone y cuáles son las prioridades a la hora de incidir sobre el destino de la Ciudad y su patrimonio. 

Una ciudad hija de su norma: el Código Urbanísitico y de Edificación

Sbarbati le explica a Fixiones “los números son ridículos”. “No aumentó mucho la población desde 1947 (2.981.043) hasta ahora (3.120.612). Mientras tanto, la construcción inmobiliaria no para de crecer”, precisa. El serrucho ya es parte del paisaje sonoro de la ciudad. El informe que Hector Lostri, subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, llevó a cabo en 2016 ya reflejaba que la superficie edificada había aumentado el doble que la población en los últimos diez años. Los expertos adjudicaron el incremento a un cambio demográfico: cada vez más personas viven solas y la familia “tipo” bajó de cuatro a tres integrantes. Sbarbati explica el crecimiento constructivo actual a través de la transformación del código Urbanístico y de Edificación que sustituyó en 2018 a la vieja norma. El cambio principal radica en el aumento de los metros cuadrados que pueden construirse sobre una misma superficie, hasta un 89 por ciento en cada manzana. Además, impuso alturas fijas para los edificios según cada barrio y estableció un impuesto en forma de “plusvalía urbana” que las inmobiliarias deben pagarle al gobierno de Ciudad por cada metro extra que permite la normativa. El resultado es una densificación del suelo: en un mismo territorio, más metros cuadrados. “Nosotros creemos que el código es muy benévolo con la industria inmobiliaria cuando son los vecinos los que deberían decidir sobre su entorno”, critican desde Basta de Demoler BA. 

Sobre la mesa del despacho 411 de la legislatura, el diputado Barroetaveña junto a su asesor, sociólogo especializado en patrimonio, Ariel Palombi, trazan el mapa de actores en disputa. “La ciudad está en manos de los desarrolladores urbanos asociados con el Gobierno de la Ciudad”, advierte el diputado. Del otro lado del arco político está el Frente de Todos, los sectores de izquierda, de la sociedad civil, la academia y cada vez más juventudes que intentan “hacerle un contrafreno a todo eso”, explican. 

El equipo de Barroetaveña trabaja dentro de la Comisión de Planeamiento Urbano, dirigida por Paloma González Lobos. La arquitecta chilena se encarga de asesorar a los diputados para convertir sus proyectos en leyes. “Lo primero que hay que entender es que la planificación urbana es más bien una herramienta para otras políticas públicas”, dice Lobos para introducir la problemática. Barroetaveña y Lobos hacen eco de la misma idea: el código urbanístico funciona marcando las reglas de juego pero no actúa por sí solo, sino que sienta las bases para que otras políticas lo acompañen. Dicho de otra forma, el código habilita a que se puedan llevar a cabo ciertas políticas públicas: es la norma madre, primero viene el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico, después vienen todas las otras normas. “La transformación depende de las políticas públicas que la guíen”, aclara Lobos y da un ejemplo; el incremento de los metros cuadrados a construir sobre una misma superficie no está acompañado de políticas de acceso a la vivienda. La pregunta de fondo es: ¿para quiénes son esos metros cuadrados? Que se complementa con los cuestionamientos de Basta de Demoler BA, ¿qué hacemos con una ciudad vacía? El ejemplo más claro que proponen desde la ONG es el de Puerto Madero, en el que cae la noche y el 72 por ciento de viviendas deshabitadas no prenden sus luces.

Como relata la abogada, “la transformación no para porque se sentaron bases para hacer ciertas modificaciones”. Reconoce que hay que redefinir partes del código respecto a su contexto real, a la realidad construida. Si bien el código se sancionó en el 2018, empezó a funcionar a finales del 2019, poco tiempo antes de la pandemia. El parate de COVID-19 generó una merma de los cambios en la ciudad, cuyos efectos empezamos a ver una vez que volvió a movilizarse el mercado inmobiliario. “Hasta que no se aplica la norma hay cuestiones que no se ven”, dice Lobos. El problema, aclara, es que el bar que se construyó ya está en la calle y lo que queda ahora es el equilibrio entre el área comercial y los vecinos. “Encontrar ese punto medio siempre es difícil”, concluye. 

El espíritu del código, según la abogada, es permitir la mixtura de usos para fomentar nuevos centros urbanos en diferentes partes de la ciudad. Permitirles a antiguos barrios residenciales, nuevas actividades productivas. Es un proyecto impulsado bajo la idea de la “ciudad a quince minutos”, que posibilitaría el sueño del barrio multiusos con todo a su alcance; un lugar a dónde ir si se quiebran un pie, tiene ganas de tomar cerveza o de pasear un perro. 

Pero las lecturas sobre el mensaje del código son diversas. Para Sbarbati, la transformación que permite el código está “sustituyendo una ciudad por otra”. Descreído del proyecto, el referente de la organización habla de que, habilitado por el código, hoy se destruye lo que se pretende construir: se tala árboles y se construyen torres donde se podrían hacer hospitales. “De entrada, hace veinte años faltan cinco líneas de subtes. Esa densidad que aumenta no se sustituye con nuevos hospitales, escuelas y espacios verdes. De hecho falta todo eso. Si te pusieses dura con la estadística, no sé si se puede manejar esta escala. Lo que muestra Basta de Demoler BA es el resultado de esto”, concluye Sbarbati. 

La urbe y sus destinos

Lo que está en juego son los diferentes proyectos que hay para la ciudad, el debate se centra en las diferentes formas en las que se propone su transformación. Barroetaveña lee el actual: “Buenos Aires tiene un modelo basado en una estructura de negocios. Con una modificación de los códigos para facilitar extraerle el mayor valor al metro cuadrado sin tener en cuenta calidad de vida que no se resuelve en términos monetarios”. 

Sbarbati relata, a modo de ejemplo, la historia del monasterio de Santa Catalina. En pleno microcentro, a una cuadra de Galerías Pacífico, una iglesia blanca sobresale entre nuevos y viejos edificios. El monasterio sobre la calle San Martín data de 1745 y funcionó para monjas de clausura hasta que la última dictadura militar construyó al lado una de las primeras torres, que después se replicó en otros centros urbanos. “El edificio es de Cacciatore, con todo lo que eso representa. Lo que hicieron con Belgrano no se puede hacer en el resto de los barrios. Van a reventar, la ciudad no es infinita”, dice Sbarbati. El referente de la ONG cuenta que una vez construida la torre, las monjas se fueron. Pero la iglesia y una parte del monasterio, quedaron allí. Hoy, en la parcela lindante hay un estacionamiento para el que se proponen distintos destinos. El arquitecto explica que la naturaleza colonial de la iglesia se pone en riesgo con una construcción tan grande y tan cercana: el monasterio fue construido con ladrillos de barro que tienen que estar secos para no enmohecerse. Hay tres alternativas para sustituir el estacionamiento, otra torre de 22 pisos, una plaza seca u otra con árboles. “La discusión es entre estos dos modelos”, dice Sbarbati. Este caso se replica en toda la ciudad y es el ejemplo de uno de los peligros que tiene este modelo urbano: la destrucción permanente del patrimonio arquitectónico. 

Algunos, como Lobos desde la legislatura, explican el crecimiento constructivo de la ciudad por una capacidad constructiva que nunca llegó a concretarse, mirando en retrospectiva de los setenta en adelante. Otros, como Barroetaveña alegan a un destino de ciudad que empezó a sellarse en la última dictadura cívico-militar, con la intendencia de Osvaldo Cacciatore. “El Grupo Macri, a partir de acuerdos con el gobierno, empezó a sacar la mayor renta posible al territorio con concesiones como la de la basura, el manejo de catástrofe y la planificación urbana”, repone el legislador. A su lado, Palombi historiza el debate comenzando por denominarlo un proceso macro: “no solo se discute acá la pregunta de en qué medida el desarrollo compromete al patrimonio, sino en el mundo”. En el marco de la ciudad global, a partir de los ochenta se desarrolló en Argentina una “tugurización” o abandono del Estado que dejó libre la cancha para que la construcción encare una gentrificación –proceso en el que se rehabilita un barrio deteriorado y sus antiguos vecinos son desplazados por otros de condiciones sociales más altas– muy ligada al patrimonio, explica el sociólogo. “Es el caso de La Boca, donde el proceso ha fracasado en gran medida porque los sectores sociales que viven allí le han impuesto reglas y resistencias”, desarrolla Palombi. 

En ese sentido, advierten las fuentes, el Gobierno de la Ciudad no cumple con el rol de generar un proyecto común sino que “se pone del lado de los desarrolladores”. Desde el Frente de Todos, el modelo que impulsan es aquel donde se discuta el derecho a la ciudad, fundamentalmente el derecho al acceso a una vivienda digna, sin procesos de expulsión. Entonces la charla retorna al principio, a los números que no cierran. Sbarbati lo dice con otras palabras, la población en la ciudad no crece y el proyecto de aumentar los residentes permanentes en CABA, reduciendo así el tráfico desde la provincia a la capital, no se cumple: “están cambiando los lugares pero la gente es la misma”, dice el representante de Basta de Demoler BA. 

El valor de la ciudad

Según la oposición, el modelo que rige la transformación hoy en CABA impulsado por el oficialismo, está guiado por el interés económico que desemboca en irregularidades. “El argumento es la valorización. La posibilidad de cuánto suelo hay, cuán valeroso es y si el patrimonio juega un rol, se lo mete adentro”, explica Palombi. “Lo que existe hoy en el código es una flexibilización muy importante, una zona gris que permite avanzar sobre el patrimonio o convertirlo en un valor agregado”, añade. El sociólogo remite, por un lado, a los convenios urbanísticos, acuerdos entre desarrolladoras privadas y el Gobierno que apuntan al beneficio mutuo: un privado que quiere construir más metros cuadrados de los que permite el Código Urbanístico acuerda con el GCBA un monto que este último debería destinar a, por ejemplo, construir una plaza. Por otro lado, a lo que llaman “arquitectura parasitaria”, fenómeno latinoamericano que deglute el patrimonio incorporándolo a una nueva edificación. Un caso muy ilustrativo, motivo de largo juicio, fue el del Palacio Roccatagliata de principios del siglo pasado, encajonado entre un mega emprendimiento llevado adelante por Korn Propiedades. 

Hoy los edificios patrimoniales están protegidos por la ley 3056, sancionada en 2009, que obliga a pedir permiso para demoler o modificar una propiedad anterior al 31 de diciembre de 1941. Aproximadamente unos 141 mil inmuebles sobre los que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) debería decidir. De toda esa base, se eligió proteger el trece por ciento, poco más de 18 mil inmuebles. Pero, como explica Sbarbati, los edificios quedaron en un limbo luego de que la legislatura tardara más de dos años en tratarlos, por lo que muchos de los inmuebles perdieron estado parlamentario. El CAAP es el mismo que aprueba el avance de la construcción, plasmado en los carteles fuera de los múltiples emprendimientos de la ciudad. Todos dicen lo mismo: “Obra con permiso otorgado del GCBA”.  “No queda nada efectivamente protegido”, dice Sbarbati. 

De la pregunta sobre qué vale más se desprende el modelo planteado para la ciudad. Si el rédito económico está en primer lugar o si hay algo más, ligado a lo histórico social, que merece ser protegido. Para los referentes del Frente de Todos, lo que propone el oficialismo es responder a la demanda del mercado bajo el argumento de que “acá no hay nada que proteger”. El costo de la transformación de la ciudad se traduce en la desaparición del patrimonio. Edificios que una vez destruidos, se pierden para siempre. Palombi destaca la importancia de valorar el patrimonio no solo por una cuestión estética, sino por la evidencia de otra forma de vida. El testimonio histórico que encierran las paredes constituye, en muchos casos, el valor intangible patrimonial. “Hay toda una cuestión social atrás”, dice y Barroetoveña agrega: “cuando nosotros hablamos de cuidar el patrimonio, hablamos de proteger la historia de los lugares”. El peligro, dicen, es el “no-lugar”: “el riesgo es que se pierda aquello que marca un vínculo particular y social con el territorio. Si se reemplaza un bar notable por un McDonalds, se impone el modelo del ‘no-lugar’. Un aeropuerto, un shopping y demás. Este proyecto avanza de la mano de Palermo Hollywood, la ‘palermización’ que hoy está avanzando sobre Chacarita, por ejemplo”. Una de las razones para esta falta de consenso cuando de patrimonio se trata, según Barroetaveña es que “tuvimos un modelo a partir del proceso migratorio que fue muy negador de la historia”. Siguiendo esa lógica, no es difícil entender por qué el valor patrimonial no está en primera plana.

En el caso de Lobos, la abogada enumera los factores que destaca en términos de planeamiento urbano a la hora de asesorar los proyectos en la legislatura: la habitabilidad, la dimensión ambiental y el criterio de realidad. El primero tiene que ver con el acceso a la vivienda digna, el segundo con el cambio climático, su merma y los riesgos de catástrofe, cuya gestión sí prevé el Código, y el último con proyectos que por una razón principalmente presupuestaria, no resultan factibles. “La cuestión patrimonial: ¿qué lugar ocupa en la agenda cuando hay gente sin techo, sin salud y con casas que se inundan? Es un problema que se da en la Ciudad de Buenos Aires porque es rica. Sino no se daría la discusión”, remata la abogada. También destaca el difícil equilibrio entre los actores sociales para la planificación urbana, una modificación del código que sea beneficiosa para los vecinos pero que no mate el desarrollo económico. Para el abogado de Basta de Demoler BA, tampoco se trata de una fantasía: “no decimos que no haya viviendas nuevas, pero sí de que se fijan en lo que tiran abajo y en que lo que construyan no sea tan caro, porque nadie lo puede comprar”. 

En cuanto a la importancia que se le da al patrimonio, Lobos reitera que no se trata de que no sea una prioridad, sino de una falta de políticas públicas que la apoyen. El problema no es la norma, dice, sino el control. “Nosotros pasamos las leyes y es otro poder del Estado el que tiene que ocuparse, por eso digo que las políticas públicas se tienen que acompañar. Tiene que ver con el proyecto de transformación que este gobierno prioriza; un diputado puede pedir que se reglamente pero esa reglamentación le corresponde al Poder Ejecutivo”, explica la directora de la Comisión de Planeamiento Urbano. Uno de los ejemplos es el Fondo de Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados, que se creó en 1991, pero nunca se reglamentó. Sbarbati también lo menciona: “Imaginate cuántas confiterías del Molino podríamos haber recuperado con esa plata, cuánta vivienda social podríamos haber hecho”. Sobre este último punto, varios referentes en materia de patrimonio repiten la alternativa de la vivienda social –construcciones que lleva a cabo el Estado para personas con dificultad de acceso a la vivienda– para los edificios patrimoniales en desuso. 

Recogiendo los principales puntos del debate, los destinos de la ciudad descansan sobre un orden con una cinta que debería leer “frágil”. Tironeados por la demanda de dólares, en un año electoral, bajo el largo lema de que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo, la Ciudad se transforma rápida y efectiva a la merced de una transformación decidida por unos pocos. Lo que queda es la preocupación por el cambio del paisaje porteño, no vaya a ser que un día nos levantemos y la ciudad ya no nos recuerde quiénes éramos.